jueves, febrero 26, 2026
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Cultura aclara contratación de firma internacional para arbitraje y reafirma apego a la ley

El Ministerio de Cultura informó que el proceso de contratación identificado como CULTURA-CCC-PEOR-2026-001, publicado en el portal transaccional de compras públicas, fue realizado conforme a la Ley núm. 47-25 de Contrataciones Públicas, bajo el procedimiento de excepción para servicios de representación jurídica y gestión de intereses del Estado.

Mediante un comunicado, la institución explicó que la contratación se ampara en el artículo 78, párrafo único, numeral 11, de dicha ley, y tiene como finalidad la selección de una firma internacional especializada en arbitraje internacional, que asumirá la representación legal del Estado dominicano.

Cultura indicó que el proceso incluyó un riguroso análisis y evaluación de múltiples criterios, entre firmas de reconocida trayectoria internacional. La evaluación estuvo a cargo de una comisión técnica interinstitucional, integrada por la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo, la Procuraduría General de la República, el Ministerio de Cultura y el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), este último en su calidad de órgano coordinador y responsable de tutelar este tipo de procesos, conforme al marco legal vigente.

La institución detalló que la contratación responde a una notificación de controversia de inversión presentada en 2025 por una empresa norteamericana contra el Estado dominicano, vinculada a un contrato suscrito en 2010 por el Ministerio de Cultura, el cual no se encuentra vigente desde hace más de una década.

Ante la naturaleza del caso y la complejidad de los procesos de arbitraje internacional, el Ministerio de Cultura consideró necesaria la contratación de una firma especializada, con la experiencia y capacidad técnica requeridas para garantizar una defensa jurídica sólida y especializada de los intereses del Estado.

Finalmente, el Ministerio de Cultura reiteró su compromiso con la transparencia, el cumplimiento estricto de la normativa vigente y la protección de los intereses del Estado dominicano, asegurando que todas sus actuaciones se ajustan al marco legal establecido.

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