El Senado aprobó en enero 2026 una reforma al artículo 21 de la Ley 176‑07 que:
- Elimina la división obligatoria del 75 % de gasto corriente (30 % nómina / 40 % funcionamiento).
- Permite al alcalde distribuir libremente ese 75 % entre nómina y gastos operativos.
- Elimina las penas de prisión por reasignar partidas presupuestarias.
- Mantiene: 25 % mínimo para inversión y 5 % para programas sociales.
De ser promulgada, esta ley implica varios factores muy peligrosos.
Los alcaldes en ejercicio, dentro de esta discrecionalidad, pueden utilizar y malversar esos recursos en favor de su reelección y otros fines.
DE SER ASÍ, EL PRM ESTÁ EMPUJANDO A ESTE PUEBLO HACIA UNA REBELIÓN. ESTA, COMO OTRAS TANTAS, SERÍA OTRA TRAMPA DELINCUENCIAL LEGALIZADA.
LLAMAMOS LA ATENCIÓN DEL PUEBLO Y DE LA OPOSICIÓN EN GENERAL.
