Santo Domingo.- Al cumplirse el primer aniversario de la tragedia del Jet Set, la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, afirmó que el Ministerio Público tiene la misión constitucional de tutelar los derechos de las víctimas y evitar dilaciones innecesarias en el proceso judicial.
Reynoso subrayó que las aproximadamente 400 víctimas, entre fallecidos y heridos, así como sus familiares y la sociedad dominicana, tienen derecho a recibir una respuesta judicial oportuna.
Recordó que el caso mantiene en vilo a miles de ciudadanos que demandan transparencia y celeridad por parte del sistema de justicia.
“Las víctimas merecen una respuesta en un plazo razonable. Estamos hablando de un dolor que afecta a miles de personas, y el sistema de justicia tiene la obligación de responder a ese clamor sin permitir que se abuse de manera indebida de las vías procesales para entorpecer el fondo del proceso”, manifestó la procuradora.
La titular del Ministerio Público calificó como innecesario el contraperitaje solicitado por la defensa de los acusados y su autorización por parte del tribunal.
Señaló que el argumento de un supuesto explosivo carece de fundamento técnico frente a un expediente que contiene evidencias sobre fallas estructurales del edificio que alojaba al Jet Set, atribuidas a la sobrecarga del techo por parte de los propietarios, Antonio Espaillat López y Maribel Espaillat.
Sostuvo que, si los acusados realmente lamentan la muerte de cientos de personas, deberían evitar entorpecer el proceso con solicitudes sin sustento. “Sus acciones muestran total incoherencia con sus palabras”, afirmó Reynoso.
Indicó que la solicitud carece de utilidad procesal y constituye una maniobra dilatoria que busca desviar la atención de la causa del colapso.
“Por tanto, someter el proceso a pruebas de cromatografía de gases para detectar explosivos o estudios de suelos kársticos sin que exista un solo indicio fáctico que los sustente, solo es un ejercicio de especulación técnica que busca distar sobre la responsabilidad y postergar, injustificadamente, la decisión judicial sobre un evento lamentable cuya peligrosidad era previsible y evitable”, indicó.
La procuradora enfatizó que el debido proceso no es exclusivo de los imputados, sino un derecho que también corresponde a las víctimas.
Sostuvo que el acceso a una justicia pronta constituye una garantía fundamental dentro de la tutela judicial efectiva.
“El debido proceso es una garantía de las partes; así como protege la presunción de inocencia, también protege el derecho de las víctimas a que su causa sea conocida sin dilaciones indebidas y bajo el principio de razonabilidad”, indicó.
“Dilatar el proceso con argumentos que contradicen la evidencia técnica, más que ejercer un derecho de defensa constituye una franca vulneración del derecho de las víctimas a la verdad y a la reparación”, puntualizó Yeni Berenice Reynoso.
La procuradora garantizó que el Ministerio Público agotará todas las medidas necesarias para asegurar una decisión judicial acorde con los derechos de las víctimas.
Reafirmó que el órgano ha presentado un expediente sólido que sustenta la responsabilidad penal de los involucrados y que se mantendrá vigilante ante intentos de distorsionar los hechos con teorías alejadas de la evidencia técnica y científica.
