SANTO DOMINGO – Ante el incremento de casos de afecciones de salud mental que impactan el núcleo familiar, el especialistas en el área jurídica, el doctor Rahames Fortuna, que también fue diputado, hace un llamado a utilizar la interdicción judicial como el mecanismo legal idóneo para garantizar la protección de las personas vulnerables y la correcta administración de sus bienes.
Un proceso de acompañamiento y orden
La interdicción no debe verse como un proceso de exclusión, sino como una garantía de derechos. Según se explica, el procedimiento inicia formalmente con la conformación del Consejo de Familia, el cual sirve de base para recurrir ante el Tribunal de Primera Instancia.
Durante el proceso, el tribunal tiene la facultad de designar a un administrador provisional, asegurando que el patrimonio no quede desprotegido mientras se dicta una sentencia definitiva.
El Proceso Legal
Para iniciar este mecanismo de protección, el experto señala los siguientes pasos clave:
- Conformación del Consejo de Familia: El primer paso para formalizar la solicitud.
- Recurso ante el Tribunal de Primera Instancia: Instancia encargada de evaluar el caso.
- Designación de un Administrador Provisional: Una figura inicial para gestionar los bienes de la persona afectada.
- Nombramiento de un Consultor: Tras la opinión del Consejo de Familia, este profesional se encargará de vigilar y administrar el patrimonio de forma definitiva.
Misión de la Interdicción
El objetivo: Salud y Protección
La misión fundamental de esta figura jurídica es asegurar que los bienes de la persona afectada sean el motor de su recuperación. «Todo este andamiaje legal tiene una sola meta: que el patrimonio sea dirigido a la protección y curación de quien más lo necesita en ese momento», destacan los expertos.
