El procurador adjunto Wilson Camacho explicó este viernes que Jochi Gómez, Hugo Beras y compartes podrían recibir una pena de hasta 20 años de prisión tras darse a conocer la decisión del Tribunal de un auto de apertura a juicio para este grupo encartados en el expediente por defraudar al Estado dominicano.
“La calificación jurídica que retiene el tribunal, incluye el lavado de activos, lo que significa que en este caso puede haber penas que lleguen, incluso, a los 20 años de reclusión”, subrayó.
No obstante, el MP mantendría la tesis de que los hechos investigados podrían encuadrarse dentro de la figura de financiamiento del terrorismo, además de los delitos de lavado de activos.
De acuerdo con las disposiciones de la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, las infracciones relacionadas con el lavado de activos contemplan penas que oscilan entre cuatro y diez años de prisión, mientras que los delitos vinculados al terrorismo y su financiamiento conllevan sanciones considerablemente más severas, que pueden alcanzar entre 20 y 40 años de reclusión.
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En ese orden, la jueza del Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Yanibet Rivas, fue la encargada de dictar el auto de apertura a juicio acogiendo la solicitud del MP y rechazó la solicitud de nulidad del expediente presentada por la defensa de Hugo Beras y mandó a juicio, además, a Pedro Vinicio Padovani Báez y Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda, exencargado del Centro de Control de Tráfico y exdirector de Tecnología del Intrant, respectivamente.
Dentro de la decisión, se suman Frank Rafael Atilano Díaz Warden, excoordinador de Despacho y representante de Beras ante el Comité de Compras; Juan Francisco Álvarez Carbuccia, director administrativo y financiero del Intrant, y Carlos José Peguero Vargas.
Asimismo, fueron enviados a juicio Mariano Gustini, Manuel Eduardo Mora Vázquez y Henry Darío Féliz Casso. También, las personas jurídicas Transcore Latam S.R.L., Aurix S.A.S., Inprosol S.R.L., OML Inversiones S.R.L., PagoRD Xchange S.R.L., Industria Soltex Dominicana S.R.L. y Dekolor S.R.L.
Según detalló el MP, que esta organización criminal estaba conformada por funcionarios públicos, ex servidores estatales y particulares con antecedentes de haber participado en maniobras fraudulentas, quienes, aprovechando su posición o sus conexiones políticas y empresariales, vulneraron los principios de transparencia, libre competencia y legalidad que rigen la contratación pública.
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Su actuación se caracterizó por una planificación meticulosa, el uso de sociedades interpuestas, prestanombres y documentos falsos, con el fin de garantizar el control total del proceso licitatorio y asegurar la adjudicación irregular del contrato por un monto de RD$ 1,317,350,997.00, en favor de empresas vinculadas al imputado José Ángel Gómez Canaán (Jochi Gómez).
En ese mismo orden, Camacho destacó el avance del proceso tras la modificación del Código Procesal Penal de la República Dominicana.
“Hay varias cosas que hay que resaltar sobre este proceso; el primero, es la primera acusación que se conoce con la modificación que se hizo al Código Procesal Penal y ustedes podrán darse cuenta que, desde el depósito de la acusación al día de hoy han transcurrido solo seis meses, y ya este caso va a juicio, lo que evidencia la rapidez con la que se pueden conocer los procesos penales a partir de la modificación”, puntualizó.
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“En relación a la decisión que tomó el tribunal en el día de hoy, hay decisiones que reflejan el trabajo del Ministerio Público y esta es una de esas decisiones, el tribunal excluyó el tipo penal de terrorismo sobre una visión que tiene el tribunal de que no se da la participación subjetiva del tipo penal”, señaló.
Sostuvo que el caso llevado por el Ministerio Público se mantiene fortalecido, “porque los hechos se mantienen, las pruebas se mantienen y el tribunal retuvo el sabotaje”.
Camacho encabezó, junto a la procuradora general de corte Mirna Ortiz, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), el equipo litigante que representó al Ministerio Público durante la audiencia, junto a los fiscales Jonathan Elías Pérez, Emmanuel Ramírez, Miguel Collado y Arolin Lemos.
El Ministerio Público acusa al grupo de integrar una red criminal dedicada a la corrupción, sabotaje y terrorismo, la cual fue desmantela tras la puesta en marcha de la Operación Camaleón en el año 2024.
