La fiscal Magalys Sánchez, en representación del Ministerio Público, afirmó que la condena contra Elizabeth Silverio de cinco años de prisión por violar la Ley General de Salud al usurpar funciones como neurocientífica en el centro Kogland estuvo sustentada en pruebas suficientes que permitieron demostrar su responsabilidad en los hechos imputados.
“La decisión del tribunal que valoró la gravedad de los hechos fue una decisión condenatoria por las pruebas que nos aportaron”, expresó Sánchez al ofrecer declaraciones a la prensa tras concluir el proceso.
Sánchez indicó que dichas pruebas evidenciaron acciones cometidas en perjuicio de niños con trastorno del espectro autista, como se denunció inicialmente en el programa N Investiga.
“Tienen derecho a recurrir, pero eso no significa que van a tener una ganancia de causa de los hechos aprobados, de las pruebas suficientes que demostraron su culpa”, sostuvo.
“Hubo estafa y suplantación de funciones”
Durante sus declaraciones, la fiscal aseguró que Silverio incurrió en estafa al engañar a familias que buscaban atención especializada para sus hijos.
“La culpable de estafar a padres que llevaron a su hijo con la esperanza de que esta señora le iba a dar los servicios de psicología”, indicó.
Asimismo, explicó que la imputada se hacía pasar por especialista sin contar con formación académica válida.
“Esta se hacía pasar por lo neurocientífico, sin contar con los estudios profesionales de ningún tipo de universidad dentro de la República Dominicana ni en el exterior”, afirmó.
Alegada falsificación de credenciales
Sánchez también señaló que Silverio afirmaba tener títulos académicos de instituciones internacionales.
“Como la Universidad de Cambridge, la Universidad de la Florida, donde se hacía pretender que tenía títulos de estudios superiores e inclusive del grado de PHD”, expresó.
Además, indicó que la acusada habría falsificado documentos para aparentar que tenía autorización legal para ejercer.
“Ese exequatur lo falsificó para poder demostrar a los padres, engañarlos, de que la misma tenía permiso del Poder Ejecutivo para poder ejercerla en la República Dominicana”, puntualizó.
