Por Rommel Santos Díaz
La criminalidad organizada actualmente constituye un fenómeno global con elementos tradicionalmente no identificados con la delincuencia particular, lo cual representa una amenaza para el estado de la región latinoamericana.
Según los expertos en seguridad, Latinoamérica se ha convertido en la región con mayores índices de violencia en el mundo.. Las organizaciones criminales asociadas al narcotráfico, la trata de personas, el lavado de activos y otros crímenes de naturaleza transnacional han alcanzado una dimensión regional y han escapado al control de las instituciones nacionales.
Frente al escenario anterior, los Estados se encuentran en una situación de dificultad, cuando no de imposibilidad, de desarrollar una política criminal adecuada para combatir este fenómeno tan extendido en la región de Latinoamérica.
El hecho de que las organizaciones criminales actúen en varios países, donde el Estado puede usar su autoridad, junto con la falta de recursos para implementar políticas adecuadas, se convierte en una ventaja para el crimen organizado que opera internacionalmente.
La convivencia de las organizaciones criminales con actores que operan en los diversos niveles de intervención en la prevención y sanción del delito (control de fronteras, cuerpo de policía, sistema judicial, sistema penitenciario, etc.) redunda en que la política criminal que se adopte al efecto se convierte en meramente simbólica.
Lamentablemente, los únicos que parecen haber comprendido el carácter global del mundo en que vivimos y logrado estructurar sus organizaciones con una lógica supranacional que deja obsoletas las fronteras nacionales son los delincuentes.
Las redes de protección internacionales que esconden en otros países a prófugos de la justicia, sistemas de colaboración entre organizaciones que operan globalmente, intercambio globalizado de información, drogas y armas, mafias interconectadas en la región y en el mundo son solo algunas de las estrategias que dejan reducidos a la impotencia a los sistemas nacionales de persecución del crimen organizado.
La impotencia de las policías, fiscalías y juzgados nacionales, y la progresiva cooptación de la justicia y de los organismos políticos por parte de estas mafias, está disminuyendo las capacidades democráticas de los países de la región, disminuyendo la confianza de los ciudadanos en las instituciones republicanas y promoviendo la aparición de grupos políticos autoritarios.
Si Latinoamérica pudiese dar una respuesta adecuada a desafíos regionales de esta magnitud, significa, a la vez, un paso adelante en la autonomía de la región, una valiosa demostración de su capacidad de integración y una solución a problemas concretos que sufren la mayoría de los ciudadanos, especialmente los sectores más vulnerables.
Finalmente, ante esta situación, la respuesta no puede ser local, la política criminal que se desarrolle al efecto debe abarcar la misma dimensión del fenómeno que se trata de prevenir. El fenómeno criminológico es regional; la respuesta debe tener dicho alcance.
