A pesar de advertencias de la oposición política sobre falta de transparencia, violación a la Constitución y otras leyes, el oficialismo en la Cámara de Diputados (CD) aprobó en segunda lectura el proyecto de Ley que autoriza el pago a contratistas del Estado, al tiempo que crea una comisión de revisión y reclamaciones derivadas de obras ejecutadas sin contrato formal.
José David Báez, quien sirvió como vocero de la bancada de la Fuerza del Pueblo (FP) en la CD, alertó a sus colegas en torno a que la aprobación de la pieza significa “un cheque en blanco” al oficialismo para validar “la acción irresponsable, ilegal y delincuencial” de determinados funcionarios de asumir contrataciones públicas por encima de la Ley 340.06, que es la que establece toda norma de contratos del Estado dominicano.
Manifestó que quienes firman el proyecto enfrentan al gobierno, tras recordar que una pieza de Ley similar aprobada por el Congreso, el Poder Ejecutivo la observó. Afirmó que la pieza aprobada y enviada al Senado de la República, contiene falencias como el anterior, que no pueden ser admitidas por Ley, lo que indica que los diputados oficialistas están en contra del Poder Ejecutivo, que señaló que la pieza violaba principios de legalidad prescriptivas, de la Constitución, irresponsabilidad financiera, transparencia y seguridad jurídica.
Criticó que se apruebe una Ley de pago a Contratistas sin Contratos, cuando ni siquiera se sabe cuantos se debe, ni el nivel de legalidad de esos compromisos.
De su lado, Danilo Díaz, quien fungió como vocero del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), advirtió que las acciones incorrectas es lo que contribuye a la desacreditación del Congreso Nacional.
Cuestionó la rapidez con que sometió y aprobó el proyecto de Ley, sin dar tiempo a los legisladores de leerlo pausadamente para analizarlo y razonar, sobre todo, porque tiene un origen oscuro, como el que fue sancionado a finales de año pasado de manera abrupta, incluso, con la presencia de miembros del Colegio de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (CODIA) y luego observado por el Poder Ejecutivo.
En cambio, Amado Díaz, vocero de la bancada del Partido Revolucionario Moderno (PRM) reveló que ninguna de los contratos que contiene el proyecto pertenece a la actual gestión que encabeza el presidente Luis Abinader.
Consideró que en vez de la oposición acabar con el proyecto de Ley debió emitir un acto de gratitud y dar gracias por corregir los que dañaron gobiernos anteriores, en lo que pudiera llamarse hasta “fullería”.
